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  • Manifiesto 5A

    Manifiesto 5A

    Hoy, 5 de abril de 2025, nos movilizamos en Valladolid como un paso más en la lucha por la vivienda. Si bien el problema de la vivienda es un problema estructural cuya solución requiere de la superación del capitalismo, en los últimos años hemos vivido un endurecimiento de este problema, una crisis de vivienda.

    Hemos visto cómo, en un contexto de crisis económica y social, empresarios y rentistas han aumentado sus beneficios mientras que la clase trabajadora nos hemos ido empobreciendo cada vez más a través de eso que normalmente llaman inflación, y que no es otra cosa que una devaluación de nuestro salario real.

    Suben los alimentos, sube el alquiler, suben las hipotecas, mientras cobramos lo mismo o nos aplican subidas miserables. La vivienda, en concreto, es hoy uno de los principales problemas para la clase trabajadora, exprimida por unos bancos y unos rentistas que tratan de apropiarse hasta del último céntimo de nuestro sueldo.

    Una vez que esta situación se ha convertido en insostenible, el sector inmobiliario ha puesto su maquinaria de propaganda en marcha para tratar de instalar la idea de que el problema es que faltan viviendas y hay un contexto de inseguridad jurídica que está impidiendo que haya en el mercado toda la vivienda que se necesitaría para cubrir la demanda. Hay que decir claramente que ninguna de estas cosas es cierta: ni hay escasez de vivienda, ni hay una legislacion contraria al desarrollo del negocio de la vivienda.

    Sobre la cuestión de la escasez, cabe decir que, solamente en Valladolid capital, se calcula que 1 de cada 10 viviendas está vacía, en una ciudad que lleva 30 años perdiendo población. Respecto a la inseguridad jurídica cabe decir que las últimas reformas legislativas en todos los marcos de la administración han servido para apuntalar el negocio de la vivienda y han sido acompañadas de medidas como los bonos de alquiler, que únicamente sirven para financiar con dinero público los ingresos de los rentistas.

    Ante esta situación, la administración y todos los partidos políticos institucionales, tanto de izquierda como de derecha, han dado una serie de respuestas que, si bien varían en el tono, tienen una idea de fondo común: la crisis de vivienda sólo se puede atajar alimentando el negocio de la vivienda. El gobierno del PSOE, primero con Podemos y luego con Sumar, ha promovido una Ley de Vivienda que ha sido absolutamente inservible para la clase trabajadora. Incluso en sus propios términos, la ley se ha demostrado completamente incapaz de contener los precios de la vivienda, que no paran de subir.

    Por otro lado, la Junta se ha dedicado a ofrecer unas ayudas al alquiler dotadas de unos fondos muy escasos y condiciones casi imposibles, como limitarlas a alquileres de menos de 550€. Y el Ayuntamiento, con alcaldías de diferente color político, se ha dedicado a promover una vivienda pública de difícil acceso y baja calidad: en nuestra experiencia sindical, no hay ninguna diferencia con lo ofrecido por caseros privados.

    Pese a lo que se dice sobre la descoordinación institucional, la realidad es que, cuando se trata de apuntalar el negocio de la vivienda, todas las instituciones, estén gobernadas por el partido que sea, reman juntas y en la misma dirección. Esto se pudo comprobar de forma clara en el desahucio que al final se ejecutó en la calle Batuecas el día 26 de febrero. La propiedad quería desahuciar a cualquier precio; la Junta, en manos del PP, que es quien tiene las competencias de Vivienda, no ha hecho nada; el Ayuntamiento, en este caso VOX, mandó a la policía local; el Gobierno, en manos del PSOE y Sumar, mandó a los antidisturbios. Y todo ello amparado por una ley promovida por Podemos. Es únicamente la clase trabajadora, organizada en torno al Sindicato de Vivienda de Valladolid, en este caso, la que se moviliza para parar los desahucios. Y aún así no es suficiente.

    Porque mientras el Estado tenga el poder y cada vez nos quiten más herramientas a la clase trabajadora para poder defendernos, ejecutarán desahucios cuando les sea conveniente, en este caso por defender la propiedad de ABANCA. No sólo demuestran su fidelidad a los que hacen negocio con la vivienda, sino que permiten la especulación con los pisos que dejan vacíos. Así demuestran que apuntalan y defienden este negocio.

    Ante el problema de la vivienda, creemos que sólo existe una salida posible: que se garantice el acceso universal a una vivienda gratuita y de calidad. Defendemos un acceso universal porque la vivienda es un medio básico para sobrevivir, y nadie, independientemente de su situación o procedencia, debería ser excluido de él. Defendemos que la vivienda tiene que ser gratuita, p orque mientras haya que pagar por ella siempre habrá gente que se verá excluida del acceso a la vivienda o tendrá dificultades para conservarla. Y defendemos que tiene que ser vivienda de calidad, porque no queremos lujo para los ricos y dignidad para los pobres. No queremos caridad, nadie tiene por qué vivir en unas condiciones mínimas o de infravivienda mientras hay medios de sobra para asegurar una vivienda de calidad a toda la población.

    Esto requiere de un proceso de desmercantilización de la vivienda. Sin embargo, hay medidas que pueden tomarse de inmediato para frenar la crisis de vivienda. Lo que nosotras planteamos es que estas medidas tienen que ir contra la ganancia de los rentistas y no alimentar el negocio de la vivienda. Así, pedimos:

    1. Expropiación de las viviendas vacías que ya existen

    Ya que en general no hay un problema de escasez, sino de acaparación de viviendas sin uso. No hay necesidad de construir vivienda nueva y, por lo tanto, alimentar el negocio y la especulación.

    2. Reducción de los alquileres de forma realmente efectiva y sin contrapartidas

    No sólo queremos limitaciones a la subida (que puedan ser fácilmente evitables), sino que queremos una reducción real de los alquileres que compense la congelación de los salarios y su devaluación.

    3. Suspensión inmediata de todos los desahucios

    Que como hemos podido comprobar, y por mucho que se diga que están prohibidos, se siguen ejecutando todas las semanas.

    4. Fin de la represión al movimiento de vivienda y desmantelamiento de las empresas de desokupación

    El brazo armado del capital. Mientras se reprime al movimiento de vivienda, se demuestra permisividad absoluta con estos grupúsculos fascistas. Con los cuales se alimentan las campañas para generar miedo a la okupación, que no es sino una herramienta de lucha de la clase trabajadora y, a su misma vez, consecuencia del propio negocio de la vivienda.

    Además, pedimos la derogación de la ley mordaza y el cese de las infiltraciones policiales que han ocurrido por todos los movimientos del Estado.

    La implantación de estas medidas está fuera del programa de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluidos los socialdemócratas. Por eso, nuestra labor como Sindicato es contribuir, mediante la lucha cultural, a extender la necesidad de este programa entre la clase trabajadora, contribuir a la construcción de una organización política comunista capaz de llevarlo a cabo y generar un poder organizado capaz de defenderlo.

    En estas concentraciones y manifestaciones que están sucediendo hoy por todo el estado demostramos que el movimiento por la vivienda somos quienes luchamos por la mejora de nuestras condiciones como clase. No sólo luchamos por la mejora inmediata de nuestras condiciones de vivienda a corto plazo. También proclamamos que no se puede renunciar a la construcción de las herramientas necesarias para lograr las transformaciones profundas que en el largo plazo permitan superar de forma definitiva el problema de la vivienda.

    CONTRA EL NEGOCIO DE LA VIVIENDA, ORGANIZACIÓN DE CLASE

  • El horizonte político de la lucha por la vivienda

    El horizonte político de la lucha por la vivienda

    La perspectiva de los análisis sobre el rol que está teniendo la vivienda en la sociedad se plantea desde la crítica a problemáticas o de fenómenos que resultan problemáticos y por lo tanto como una realidad que se aspira a superar en pos de que la vivienda juegue otro tipo de papel y estos problemas desaparezcan. Llamaremos horizonte esta otra realidad , a la que se entiende que debería responder la vivienda, y en pos de la cual se realiza el análisis-diagnóstico y para cuya consecución se trazan unas estrategias a las que comúnmente se llama políticas de vivienda.

    Estos fenómenos que resultan problemáticos leídos como conjunto se nombran normalmente como problema de la vivienda. El problema de la vivienda ha sido una constante para la clase trabajadora desde el establecimiento del modo de producción capitalista y su proceso de acumulación originaria. La necesaria desposesión del proletariado de los medios para reproducir su vida implica la desposesión de la vivienda, con algunas excepciones históricas muy puntuales y con demasiados matices como para considerar que este poseía los medios para su reproducción independientemente de la reproducción del capital. Por lo tanto la vivienda siempre ha representado un problema para la clase trabajadora, si bien es cierto que este problema se ha manifestado de formas diferentes creando la ilusión de problemáticas puntuales y no de manifestaciones históricamente específicas de una problemática consustancial al capitalismo en sus diferentes fases.

    EL núcleo de la problemática de vivienda actual puede resumirse como una dificultad de acceso a la vivienda. En otros momentos ha sido la infravivienda o la falta de viviendas cercanas a los centros industriales. Es importante entender que en nuestro contexto esto son problemáticas que, si bien siguen existiendo, son completamente minoritarias comparadas con la dificultad o la imposibilidad para acceder a una vivienda y para conservarla. Es preciso entender que esta problemática es una problemática de clase, no referida al tipo de tenencia (alquiler, cesión, propiedad, etc..) para no ocultar en el análisis la causa última del problema de la vivienda: el capitalismo. Para los burgueses que viven de alquiler, en cesión e incluso ocupando una propiedad ajena de forma ilegal, la vivienda no representa un problema de ningún tipo. La vivienda vendría a representar para el proletariado, no un bien que posee y controla, sino una parte de los bienes que son dispuestos para su reproducción como fuerza de trabajo, es decir una parte del salario. En ese sentido los conflictos a través de los que el proletariado ha intentado mejorar sus condiciones de vivienda han de entenderse como conflictos salariales, luchas económicas contra la tendencia de la burguesía a pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor.

    El siglo XX ha supuesto una mejora innegable en las condiciones habitacionales de la clase trabajadora, especialmente si lo comparamos con las condiciones de barraquismo, hacinamiento y usura masivos de los poblados obreros del siglo XIX y principios del XX. Esta mejora ha sido fundamentalmente consecuencia de dos factores: un movimiento obrero potente y un capitalismo pujante. iEl movimiento obrero ha apostado fuertemente por hacer la vivienda una de sus luchas y en ello ha conseguido que parte de la riqueza social se dedique a viviendas que van a ser habitadas por trabajadores. Por supuesto que esto ha sido con unos condicionantes muy concretos, especialmente para la vivienda en propiedad fruto del endeudamiento de las familias trabajadoras, que nunca llegó realmente a toda la clase trabajadora y que ha sido utilizado como medio de pacificación e integración social1 . La otra causa, el capitalismo pujante y en expansión, es lo que ha permitido que la burguesía pudiera mantener unos beneficios gigantescos y por lo tanto dedicar una pequeña parte de ellos a mejorar las condiciones de una clase trabajadora en armas. Esto es preciso decir que ha sucedido de forma más notable en los países del centro imperialista.

    En el último tercio del sigo XX esta realidad comienza a descomponerse. El capitalismo entra en una crisis productiva a partir de los años 70 de la que ya nunca se recuperará completamente y que conlleva una guerra de la burguesía contra todo desvío de la riqueza de sus ganacias. Esto incluye naturalmente el recorte de los salarios “más altos” de los trabajadores y despidos en masa, deslocalización, cierre de centros de trabajo y en general endurecimiento de las condiciones para los trabajadores que van a tener que trabajar lo mismo o más cobrando menos y en peores condiciones. Esta crisis productiva lleva al capital a apropiarse de la riqueza social ya generada así como de una parte cada vez mayor de la parte de esta dedicada a los salarios2 . Esta crisis impulsa también la financiarización de la economía que trata de reproducir el capital de forma parasitaria en forma de rentismo y especulación.

    En todo este proceso el estado ha jugado un papel fundamental. El estado es el que ha organizado todo el proceso de vivienda (cediendo suelo, urbanizándolo, avalando, con rebajas fiscales, con créditos a interés casi 0, con concesiones, con subvenciones directas, con una legislación laboral muy favorable para el constructor, etc..) para que fuera funcional a los intereses de la burguesía, primero nacional (constructoras y promotoras participadas por los ganadores de la guerra civil) y luego internacional (fondos de inversión y bancos). Antes de los años 70, tenía margen real para contrapesar ligeramente la balanza en favor de la clase trabajadora cuando el movimiento obrero amenazaba o estallaba en huelga o en revuelta. Esto era posible porque aun cediendo unas migajas de más a los obreros, los beneficios de la burguesía seguían siendo descomunales. Una de las consecuencias de esto es que el estado visto como organizador del proceso de acumulación por parte de la burguesía o visto desde el proletariado como proveedor de vivienda asequible se convirtió para todos los actores en el actor que generaba vivienda. Esto contribuyó a que a la burguesía inmobiliaria española le costara mucho en adelante funcionar fuera de las oportunidades creadas por el estado en forma de concesiones, subvenciones, recalificaciones, etc. y para la clase trabajadora significó determinar al estado como al responsable último de la situación de la vivienda y a quien había que reclamar en caso de disfunciones. Se vio reforzado con las luchas vecinales que reclamaban al estado la urbanización y la adecuación de los barrios de periferia de las ciudades, reclamaciones que tuvieron bastante éxito entre otras cosas porque el estado tenía aún capacidad para desviar algunos recursos para la mejora de las condiciones de la clase trabajadora. Este éxito, junto con unas políticas de vivienda estatales muy activas, sellaron en el imaginario de la clase trabajadora el hecho de que ante cualquier problema de vivienda el camino necesario es la reivindicación de una intervención estatal que lo resuelva.

    Esta perspectiva ha estado muy presente durante toda la experiencia de la PAH y de los conflictos de vivienda en la post-crisis de 2008. En última instancia los objetivos han constituido: la aprobación de la dación en pago, la limitación a la compra de vivienda por fondos buitre, la suspensión de los desahucios, la aprobación de una ley de vivienda o la regulación de los alquileres. El horizonte de estas luchas ha sido el de la vivienda asequible garantizada por el estado como el estado garantiza la atención sanitaria o la educación básica. Esta ficción solo es creíble en los momentos en los que los beneficios de los capitalistas se están viendo produciendo de forma satisfactoria y el estado puede fingir ser un árbitro neutral entre el capital y el trabajo. La posición pretendidamente neutral del estado ha sido la base para la política reformista, que en el ámbito de la vivienda ha venido reclamando medidas en pos del cumplimiento del mencionado horizonte. La política socialdemócrata, especialmente Podemos, han establecido la intervención del estado en materia de vivienda en favor de la clase trabajadora, lo que se ha demostrado como irrealizable: a lo máximo a lo que se ha llegado es a una ley de vivienda que no cumple con ninguno de los mínimos reclamados por las luchas de vivienda y lo que sí hace es apuntalar los beneficios de los rentistas.

    Para comprender este declive de las políticas públicas de vivienda es imprescindible entender la evolución del estado en las últimas décadas. Este, como capitalista colectivo y encargado de hacer viable la reproducción del capital de forma prolongada en el tiempo, ha mutado su papel con la cronificación de la crisis productiva. En un contexto de capitalismo pujante y clase obrera organizada, el estado ha cumplido con este papel realizando los equilibrios sociales necesarios para compatibilizar acumulación capitalista y reproducción más o menos desahogada de la fuerza de trabajo. Para poder asegurar el mantenimiento de la acumulación capitalista en un contexto de crisis productiva como el actual, el estado ha ido abandonando el papel de garante de un equilibrio entre clases y se ha ido mostrando cada vez más como una institución completamente adherida al cumplimiento de los intereses de la burguesía. Inevitablemente esto conlleva una crisis social de proporciones considerables al dejar de jugar el papel de integrador social del proletariado. El estado al no poder ofrecer ningún tipo de concesión a la clase trabajadora cierra el camino a la política reformista. En el ámbito de la vivienda esto conlleva que el que el horizonte de una vivienda garantizada por el estado se perciba como inviable de forma cada vez más clara.

    El horizonte de la lucha por la vivienda de las últimas décadas se desmorona ante nuestros pies. La ventana de oportunidad que hacía que se percibiera como posible se ha cerrado. Esta situación hace más favorable en todos los ámbitos el planteamiento de una perspectiva revolucionaria y su extensión entre la clase trabajadora, especialmente en materia de vivienda donde el descalabro socialdemócrata está siendo especialmente duro y donde se están mostrando de forma más evidente los límites y lo ilusorio de la vía reformista. La extensión de este programa conlleva un horizonte nuevo que ya ha sido planteado por el Movimiento Socialista: vivienda universal, gratuita y de calidad. Es el momento de contraponerlo a la perspectiva derrotista de aceptación del empeoramiento inevitable de nuestras condiciones de vida y a las promesas imposibles de cumplir de la socialdemocracia. Y es imprescindible que esto se desarrolle desde un programa político y una estrategia solventes y ambiciosas, de las que ya podemos encontrar algunas muestras sólidas como la propuesta del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria3.

    Vienen tiempos de impasse y de descomposición del horizonte socialdemócrata del papel de la vivienda, es el momento de hacer avanzar el horizonte socialista para la lucha por la vivienda con convicción de que es una de las cuñas para la extensión de la perspectiva revolucionaria en nuestro tiempo.

    1. PISANO, Karla (2023). Propietarios y proletarios: la propiedad de la vivienda como mecanismo de cohesión y exclusión. https://gedar.eus/es/arteka/jabeak-eta-proletarioak-etxebizitzaren-jabetza-kohesio–eta-bazterketa-mekanismo-gisa

    2. PIQUERAS, Andrés (2022). De la decadencia de la política en el capitalismo terminal. El Viejo Topo, Barcelona.

    3. Se puede leer el documento completo aquí: https://gedar.eus/pdf/etxebizitzaSindikatua/PropuestaPolitica.pdf